viernes, 20 de marzo de 2009

DESAPARECIDO

BALTAZAR GARZÓN
Juez de la Audiencia Nacional española

Aprecio que participo de las ideas de la columnista de prensa Margarita Carrera, muy apreciada por ciento. Casi comulgo con su forma de pensar. Afirma ella que (Prensa Libre, Pág. 14 del 19 de marzo 2009) “la justicia guatemalteca parece que nunca va a revelar quiénes son los genocidas y criminales de lesa humanidad durante el conflicto armado”. Por cierto, otra periodista, la señora Fernández afirma en una de sus publicaciones que: “en Guatemala abundan los armarios llenos de esqueletos, pero nadie se atreve a denunciar a los principales, por miedo a que se descubran los propios”.
Pues bien, Margarita Carrera indica que en Guatemala se puede descubrir quiénes fueron los agentes de la Policía que secuestraron al esposo de Nineth Montenegro, Fernando García, pero guardan silencio sobre los autores intelectuales. La labor de Nineth, quien fundó el Grupo de Apoyo Mutuo, es incalculable. Aunque ella dice haber perdonado a los asesinos para poder seguir viviendo, la mal llamada justicia en nuestra patria ha de continuar en la comprobación de quiénes eran los altos mandos que ordenaban genocidios, masacres, torturas, desapariciones. Ya se sabe quienes son –de acuerdo al REMHI y la CEH- pero como dice Edgar Gutiérrez, citando a George Orwell: “Quienes controlan el pasado, controlan el futuro”, y quienes continúan incrustados en el poder siguen siendo los culpables de los crímenes de lesa humanidad. Mírese, si no, afirma Carrera. Y continua su comentario: “La figura de un Ríos Montt, quien trabaja tranquilamente en el Congreso. Por eso, es importante la visita a Guatemala, del Juez Baltasar Garzón, quien preside la ad judicatura de la audiencia Nacional española. Sigue indicando que dicho juez califica de “muy grave” e “inaceptable” que la justicia guatemalteca haya tramitado en el 2008 una querella criminal contra su colega Santiago Pedráz, quien es el juez español que investiga el genocidio cometido en la era de la guerra sucia.

A cualquier guatemalteco honrado le parece “vergonzosa” la decisión de la Corte de Constitucionalidad, la cual en diciembre del 2007 anuló las órdenes de captura contra los señalados de genocidio.
Garzón representa no solo a España, sino a la justicia a nivel internacional. Sin embargo, ha reconocido que “en Guatemala se están haciendo esfuerzos y hay jueces que luchan contra la impunidad”, pero estos jueces necesitan protección, de otra manera no podrán desarrollar la justicia. Respecto del proceso que se sigue en España contra cinco militares y dos civiles, señalados por Rigoberta Menchú, se lamentó que la corte de constitucionalidad haya dictaminado que España no tiene competencia para juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos en Guatemala.
¿Pero qué hace al respecto la Corte de Constitucionalidad? Se Pregunta Margarita Carrera. Y sigue interrogándose: ¿Cuándo ha dado su apoyo (la Corte de Constitucionalidad) para que la justicia guatemalteca tome cartas en el asunto? Y finaliza su argumento diciendo: Es por ello que hoy se habla de la justicia internacional, ¿cómo vamos a combatir la impunidad de ayer y hoy?
De acuerdo a lo que reza la constitución española (Art. 24 C E) existe la garantía de la existencia de la tutela judicial efectiva. Todas las personas, tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.

Es decir, existe la misma para los particulares. Se busca con su existencia la erradicación de la indefensión. España ha precisado este concepto el que se deriva del precepto del derecho al acceso a la justicia. Y al respecto del acceso a la jurisdicción se señala en España que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no protege el acceso de los poderes públicos a la jurisdicción en defensa de sus potestades y actos. La Constitución otorga derechos fundamentales a las personas frente a los poderes públicos, pero no permite que los poderes públicos se apoyen en derechos fundamentales para defender sus actos, especialmente cuando se trata de actos que imponen una sanción a un individuo.

Pero con respecto a la visita de Baltasar Garzón a Guatemala, queda en la memorial de quienes lo escucharon lo que ha indicado: “Hay ciertos crímenes que, por sus características internacionales, exigen que otras naciones actúen”.
Asimismo, Carlos Castresana, jefe de la comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), declara que el Estado guatemalteco es incapaz de combatir la corrupción e inseguridad. Si ni siquiera es capaz de combatir a la delincuencia común, ¿cómo va a ser capaz de enjuiciar a genocidas y criminales de guerra señalados por el REMHI y la CEH? ¿Hasta qué grado de barbarie hemos llegado?

Aunque parezca ajeno al enjuiciamiento de los genocidas, es imposible no llegar al colmo del espanto cuando leemos cómo una turba de reclusos menores de edad atacó a sus maestros, a quien mató a palos, le despedazó el cráneo, le extrajo el corazón y las vísceras y al arrastrar el cadáver al patio de la prisión bailó y daba gritos. ¿A caso será algo que heredamos de la guerra sucia? ¿Hijos de quien son estos menores? ¿Dónde crecieron? Horrores semejantes relata el REMHI, de donde Margarita Carrera toma la siguiente cita textual, buscando ilustra la barbarie de la guerra en su libro: “En la mirilla del jaguar”, Biografía novelada de monseñor Gerardi: “Le habían arrancado la lengua, tenía vendados con venda ancha o esparadrapo ancho los ojos, y tenía hoyos por donde quiera… en las costillas, como que tenía quebrado el brazo. Lo dejaron irreconocible solo porque yo conviví muchos años con él, y yo le sabía de algunas cicatrices y vi que el era. Y también llevaba una foto reciente de cuerpo entero y le dije yo al médico forense que él era mi esposo. Entonces, si, me dijo él, él era su esposo, sí se lo puede llevar”.
Pero, ¿cuál es la consecuencia de estar destapando la caja de Pandora a estas alturas de la vida de los guatemaltecos?
Lógico es que existan repercusiones que inciten a los verdugos de aquellas atrocidades a buscar callar las actividades investigativas. Ha de pensar que se deberá silenciar a todos aquellos que se atreven a descubrir crímenes cometidos en el pasado. Me llama mucho la atención las declaraciones del Procurador de Derechos Humanos ala respecto (Prensa libre. Marzo 20, 2009, Pág. 10. Por: Cereser, Leonardo). El procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, en conferencia de prensa, informó sobre la golpiza que sufrió el jefe de investigaciones del caso de desaparición forzada de Fernando García, en un hecho ocurrido el 13 de marzo del 2009. Añadió que activistas de derechos humanos han observado a unas personas que han estado fotografiando a los trabajadores del archivo de donde se obtuvieron los documentos para las pesquisas, y cree que son actos de intimidación por los hallazgos logrados. Grupos vinculados a abusos del pasado podrían estar detrás de intimidaciones contra quienes investigan los casos de desaparición forzada durante la época de represión de Estado.
Morales hizo el señalamiento sin mencionar nombres de víctimas, y afirmó que el jefe de la Oficina de Averiguaciones Especiales de la Procuraduría de los derechos Humanos fue golpeado brutalmente por dos hombres que lo interceptaron cuando se disponía a ingresas en su vivienda, el 13 de marzo 2009. “Tras la golpiza, pasó tres días en el hospital y aún están en tratamiento”, se lamentó Morales. Agregó que esa intimidación se suma a una serie de sucesos contra la Procuraduría, luego de las capturas de dos ex agentes de la extinta Policía Nacional, supuestamente responsables de la detención ilegal de García, ocurrido en 1984.
Entre otros hechos, Morales informó que él y el jefe de procuración recibieron amenazas de muerte. También se descubrió la presencia de dos autos sospechosos en los alrededores del Archivo Histórico de la Policía Nacional, y sus ocupantes captan fotografías de los trabajadores de ese lugar. Morales afirmó que ya se solicitó seguridad perimetral a la Policía Nacional Civil y que la denuncia fue presentada en la comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Copias de los expedientes de investigación por desaparición forzada ocurridos durante le conflicto (armado) y en el pasado han sido enviadas a Suiza, para mayor seguridad. “Logramos un convenio con ese país, para que esos documentos obtenidos de los archivos históricos de la Policía Nacional tengan otro lugar de refugio”, dijo el Procurador. El archivo de la Policía Nacional ha sido objeto de unos 15 intentos para ser destruido.
A la fecha no han sido destruídos porque se tardaron mucho en saber de su existencia. Cuando el archivo fue encontrado en la zona seis de la ciudad capital, se pensó en que eran papeles de expedientes históricos, pero que se habían guardado porque nadie se quería hacer responsable de su conservación. Fue así como llegaron a las manos de la Procuraduría General de Derechos Humanos entidad que se ha encargado de escanear todos los documentos y preservarlos en un disco duro. Falta mucho por descubrir y creo que a futuro podrán darse las nuevas noticias al respecto. Se ha de ser muy cauteloso con lo que se hace, pues hay muchas personas involucradas en las atrocidades cometidas en el pasado. Por el bien de la sociedad guatemalteca esperemos que se logren preservar los documentos que aún no ha logrado escasearse, pues en ellos ha de haber algún tipo de relato que esclarece actuaciones de gobierno que se encuentran aún en proceso de investigación.-

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