La Organización Amnistía Internacional pidió a Guatemala que apruebe una ley para buscar a los desaparecidos, tal como lo recomendó hace una década una comisión que documentó las atrosidades cometidas en el conflicto armado. (Prensa Libre del 25 de febrero 2009, Pág. 10) Dice además: "Es hora de que el Gobierno imparta algo de justicia". Así lo afirmó Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de esa organización. Lo dijo en un comunicado hecho público en la ciudad de Londres. Agregó que se encuentra decepciona que las recomendaciones del informe sigan pendientes y que todavía no se haya hecho justicia para las decenas de miles de casos de desapariciones forzadas, y homicios, (cometidos en el pasado), se lamentó.
Pero para que haya justicia en Guatemala y principalmente para que ésta llegue a la victimas del conflicto armado interno, debe darse entre los operadores de la propia administración de justicia, un clima de seguridad de su persona y de los suyos por la labor que se desarrolla. Debe el gobierno dar la garantía de que todo aquél que se atreva a aplicar la ley a los ofensores sociales de aquella época, están recibiendo protección y no se podrá pensar que habrán acciones criminales en represalia por lo que se esta haciendo. Hay que tener presente que las mismas atrosidades que se cometieron en aquella época, se pueden llegar a realizar contra el operador judicial. Ya las muestras de temor al crimen organizado se han presentado. Los jueces no han querido hacerse cargo de los procesos que ha significado un alto impacto social dentro de la sociedad nacional e internacional. Temen por su vida, pues se sabe que los jueces pueden en cualquier instante sufrir del atentado contra su propia existencia.
Raro es aquél operador que se atreve a desafiar a la mafia organizada de Guatemala e inicia una persecución criminal en su contra. Cuando los jueces y fiscales se ven amenazados, piden apoyo de las autoridades superiores y lo que reciben de respuesta es que no hay presupuesto para proporcionarles la seguridad que requieren. Así que el operador actúa bajo su propia cuenta y riesgo. Es su problema si se atreve a despertar al moustruo que lo atacará el día y a la hora menos imaginable y cuando se considere que está bien seguro él y su familia.
Todo aquél que se atreva a alzar la voz contra aquellas personas señaladas de conductas impropias en un pasado, que actualmente están incrustadas dentro de los entes que administrar poder dentro del Estado, son capaces de callar a todos aquellos funcionarios judiciales que se atravan a interrumpir su holgado retiro.
Ya ha pasado y seguirá sucediendo mientras no haya una verdadera depuración de la estructura de gobierno.
Los que se han atrevido a actuar contra el crimen organizado han salido mal parado. Muchos ya son parte de la historia de nuestro país.
Es utópico pensar que se hará justicia para las víctimas del conflicto armado y que se lleguen a esclarecer los excesos cometidos contra la población más bulnerable. Casi es un sueño. Y con ello se afirma lo que tanto se ha dicho con anterioridad. La justicia es para la sociedad ladino, con alto poder económico. No hay justicia para el pobre, y si se es indígena, peor aún.
Si realmente se pretende que haya justicia para los pueblos originarios de éste país, que han sufrido discriminación, persecución, exterminio y la marginación antes, durante y después de la guerra, deberá pensarse primero en el cambio de paradigma en el renglon justicia. Ya son muchos los que claman porque se olvide lo que ha pasado en los años del conflicto armado. Debemos perdonar, dicen otros, pero no se dan cuenta que antes deberá saberse a quien hay que darle el perdón. En nuestro caso, no sabemos a ciencia cierta el grado de responsabilidad que existe entre aquellos que participaron en alguno de los dos vandos en contienda bélica.
Creo que Amnistía Internacional se quedará por muchos años aún esperando que se haga justicia en Guatemala. Pues las generaciones actuales han continuado con lo que ya se había implandado desde la llegada de los españoles a nuestro territorio. Tendrá que darse una mayor agresividad en las autoridades, lo cual de momento es impensable. Se respira un aire de inseguridad, por la misma impunidad en que se dan los acontecimientos del diario vivir del guatemalteco.
miércoles, 25 de febrero de 2009
domingo, 22 de febrero de 2009
Narcoactividad
VIOLENCIA DEL NARCOTRÁFICO CRECE EN AMÉRICA LATINA
La violencia relacionada con el narcotráfico y el abuso de las drogas aumenta en América Latina, pese a los esfuerzos de los gobiernos para combatirla. (Prensa Libre pag. 37 publicación del 20 de febrero 2009)
Según el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) publicado el 19 de febrero del 2009 en Viena, Austria, no hay país de la región que se salve del problema de las drogas, aunque hay notables diferencias en producción, comercio y consumo. Así los países andinos de Colombia, Bolivia y Perú aún conforman la principal región mundial de cultivos de arbusto de coca y producción de cocaína, que se vende sobre todo en EE.UU. y Europa por medio de rutas terrestres, aéreas y marítimas que pasan por Centroamérica y, cada vez más por África. La JIFE, entidad autónoma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destacó en el documento la profesionalización del narcotráfico en América del Sur. Éstas han establecido una cooperación entre sí para algunas operaciones, en las que "emplean especialistas" como compuestos químicos, capitanes de barco, pilotos y expertos financieros para las diversas actividades que requiere su negocio ilícito.
En los países centroamericanos, que sobre todo sirven de ruta de tránsito de la droga del sur hacia el norte, preocupa la implicación en las organizaciones criminales de las gavillas. "Cerca de cinco mil pandillas de El Salvador, Guatemala y Honduras actúan en México con jóvenes reclutados por narcotraficantes mexicanos", reveló el informe. Además, en México "los carteles de la droga han respondido con una violencia sin precedentes" a los esfuerzos de las autoridades por combatirlos, por lo que en el 2007 y el 2008 la cifra de policías asesinados aumentó.
La JIFE reportó que los grupos mexicanos usan Belice para almacenar drogas y coordinar operaciones. Se calcula que 18 por ciento de la cocaína que es traficada por medio de México entra desde Belice y Guatemala, lo que convierte a Centroamérica en una de las más importantes rutas para el tráfico de drogas hacia Norteamérica y Europa. Acerca del consumo, el primer estudio comparativo sobre el uso indebido de drogas en seis países de Sudamérica colocó a Argentina en el primer puesto como consumidor de cocaína, seguido de Uruguay, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador.
Ejemplo de la penetración del narcotráfico en las altas esferas económicas del mundo lo es la noticia difundida en los medios en la que se afirma que: Investigan si Stanford lavó dinero de cartel. (Prensa Libre, Pag. 37 del 20 de febrero 2009)
La Policía federal de EE.UU. investiga al multimillonario tejano Robert Allen Stanford por posibles operaciones de lavado de dinero para el cartel del Golfo de México, informó el 19 de febrero del 2009 la cadena de televisión ABC.-
De acuerdo con esa fuente, la Policía de México tiene en su poder uno de los aviones de Stanford, en el que se encontraron cheques aparentemente vinculados con esa organización criminal. Todos los negocios de Stanford están congelados por orden judicial, después de que la Comisión del Mercado de Valores (SEC, en inglés) de Estados Unidos lo acusara de dirigir un entramado de inversión fraudulento por el cual captó US$8 mil millones con la promesa de alta rentabilidad.
Según la cadena ABC, que citó fuentes gubernamentales anónimas la SEC tenía preparado el caso contra Stanfor, pero no tomó medidas a peticion de la Policia Federal, que llevaba a cabo una operación encubierta para descubrir sus posibles vínculos con el narcotráfico.
No obstante, la semana del 15 al 20 de febrero, el multimillonario tejano movió grandes cantidades de dinero de sus cuentas, lo que precipitó la acción de la SEC, según aquella cadena televisiva. Stanford se encuentra de paradero desconocido. Mientras, los clientes de sus entidades financieras en América Lanina hacen cola para sacar su dinero.
El escándalo ha alcanzado también al Congreso de Estados Unidos, ya que Stanford dio US.$8 millones de dólares de USA en donaciones electorales a políticos, que ahora se apresuran a devolverlos o donarlos a instituciones de caridad, destacó ABC. Entre los beneficiados está el excandidato presidencia John McCain. Las autoridades financieras mexicanas afirmaron ayer que las operaciones de Stanford Financial en ese país no han sido intervenidas.
Los esfuerzos de las autoridades por convatir el narcotráfico son constantes y siempre tratan de dar a la opinión pública, la cara de alguien quien esta interesado en erradicar ese flagelo.
Funcionarios antinarcóticos de EE.UU. y Colombia compartieron con autoridades guatemaltecas estrategias efectivas contra el tráfico de drogas. Después de ese diálogo se percibe que hay anuencia en diversos sectores para promover una ley que confisque bienes a los carteles, implemente un grupo de elite y agilice las extradiciones. (Prensa Libre: Febrero 20 2009. Pag. 3)
Representantes de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de la Fiscalía ven con buenos ojos la propuesta, pero coinciden en afirmar que cada sector debe poner empeño para que se haga realidad. Perry Holloway, director de Asuntos de narcótivos de la Embajada de EE.UU. en Colombia, y Omar Adolfo Figueroa, subdirector de Bienes en la Dirección Nacional de Estupefacientes de esa nación, dialogaron durante esta semana con funcionarios guatemaltecos, para exponerles el plan con que se ha logrado reducir las acciones del narcotráfico en ese país sudamericano.
Al respecto, después de la cita el ministro de Gobernación, Salvador Gándara, afirmó que es un plan que se podría aplicar con éxito en Guatemala, si se logran efectuar las reformas legales pertinentes. Además, los expertos se reunieron con Abraham Valenzuela, ministro de la Defensa; Eliú Higueros, presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, y Amilcar Velasquez, fiscal general.
el 19 de febrero 2009 en conferencia de prensa, Holloway y Figueroa explicaron que la implementación de la Ley de Extinción de Dominio ha permitido a las autoridades colombianas decomisar mas de 70 mil bienes a narcotraficantes, entre ellos, dos mil empresas, en un período de siete años.
Figueroa dijo: "Tenemos, por las confiscaciones, el Holding de empresas más grande del país y la droguería más grande de Sudamérica, con 600 establecimientos; esas sociedades serán entregadas poco a poco a la iniciativa privada, que es la que tiene que administrar este tipo de bienes".
Además, se han embargado 600 aeronaves y nueve mil automotores. Esas incautaciones han generdo al Estado de Colombia US$90 millones que se inviertieron en un plan de vivienda.
Hollowar expuso sobre la agilidad en los procesos de extradición en Colombia, y que capos detenidos han negociado penas más benévolas en EE.UU., a cambio de información de estructuras criminales.
Añadió: "Esta técnica nos ha permitido tener información en tiempo récord, que a los ficales les hubiera demorado 10 años".
Otra de las estrategias presentadas a funcionarios guatemaltecos fue la de crear un grupo investigativo de élite contra el narcotráfico coordinado con la justicia, de modo que Policía de investigación, fiscales expertos en el tema y jueces tengan una misma visión y permitan contrarrestar el delito.
La otra parte importante presentada fue la impulsada en Colombia con programas de sustitución de cultivos ilegales por productos lícitos que generen riqueza a los campesinos. "En Colombia hay gente que siembra amapola y plantas de coca, tal vez no son los más malos, pero tienen que saber que están cometiendo un ilícito con eso" expresó Holloway. Los expositores dieron a conocer que Colombia se ha beneficado de esas estrategias, con una reducción de 90 por ciento en secuestros, 60 por ciento en homicidios e igual porcentaje en extorsiones.
Visita oportuna: La visita de los funcionarios se da en momentos en que Guatemala es atacada por grupos mexicanos de narcotraficantes que cometen masacres. "Sin seguridad no hay desarrollo e inversión si no se controla a estos grupos, van a matar a jueces y fiscales con tal de no ser molestados. Además la droga y el lavado de dinero pueden permear cualquier institución", refirió Holloway.
Afirmó que la violencia que afronta Guatemala tiene que ver con el tráfico de drogas, y reclacó que la posición geográfica de Centroamérica en EE.UU. y México origina que sea el puente natural elegido por los narcos para trasladar el 70% de la droga.
Santiago Najero, presidente de la Comisión de Gobernación, dijo que no descarta apoyar esa nueva ley, pero hizo énfasis en la necesidad de lograr consensos. Otros diputados de oposición ven con buenos ojos ese proyecto y creen que tiene futuro en el legislativo, por la necesidad de contar con herramientas eficientes contra esas mafias.
Igualmente se publicó algo sobre la mano dura del cartel del golzo. Se dijo: Los Zetas amplían área de acción y suman socios. (Prensa Libre. Pag. 3 del 17 de febrero 2009).-
Los Zetas son el brazo armado del Cartel del Golfo, México, y operan en Guatemala desde enero del año 2008. Se han apoderado de áreas en Zacapa, Chiquimula, Alta y Baja Verapaz, Huehuetenango y la capital, entre otros.
Las investigaciones preliminares establecen que más de 300 integrantes de ese grupo operan en el país. Cuando ingresó el primer grupo, buscaron contratar a ex Kaibiles y ex agentes de seguridad, entre otros, quienes se encargan de hacer contratos de alquiler de viviendas y compra de vehículos, que han usado en las diferentes narcomatanzas. Su propósito era establecer un nuevo corredor del narcotráfico en el área norte. Incluso se estableció que por lo menos siete mexicanos contrataron 12 vuelos desde Huehuetenango a la capital, en el 2008, y aprovecharon para trasladar armas. También se han detectado 14 casas de seguridad, en donde se han localizado agendas que detallan estrategias que seguirían en acciones contra otros grupos de narcos.
La captura en Izabal, de seis presuntos narcotraficantes vinculados al brazo armado del Cartel del Golfo mexicano denominado los Zetas, es evidencia de cómo esa organización ha ganado territorio en el corredor norte del país, luego de haber protagonizado matanzas en Huehuetenango y Zacapa, y consolidado sus operaciones en Alta Verapaz.
El narcotráfico no es un tema nuevo en Izabal, territorio que hace tiempo es uno de los departamentos elegidos para el tráfico de estupefacientes que después transportan por Petén hacia méxico, con destino a Estados Unidos.
El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil han establecido que las seis personas detenidas, en Izabal son parte de la organización de los Zetas, lo cual demuestra cómo este grupo ha ganado territorio, luego de haber protagonizado matanzas como la del 17 personas en Huehuetenango, a finales del 2008; dos masacres en Zacapa, en una de ellas murió el capo guatemalteco Juan José León, Juancho, y la otra donde 16 personas fueron incineradas en un autobús procedente de Nicaragua.
Los capturados el quince de febrero 2009 fueron identificados como Byron Vargas Sosa, 36, Rodrigo Orellana Recinos, 38, Esteban Bolvito Pérez, 36, Selvin Galindo Choc Sam 31, Mario Ernique Cocoj Quiej, 25, y Ricardo Quin Guitz, 30 quienes el 16 de febrero 2009 fueron traslados de Izabal hacia la capital de Guatemala bajo fuertes medidas de seguridad.
Para los invesigadores antiarcóticos, esta es una captura importante, que deja al descubierto las alianzas de narcos locales con los mexicanos, debido a que éstos les ayudan a establecerse, buscar un nuevo territorio para el trasiego de droga, comprar armas, propiedades y autos.
Las pesquisas han determinado que en el caso de Vargas era el líder de una de las células de narcotraficantes y que fue contactado, especialmente para conseguir las armas para los Zetas. A esta agrupación también se le vincula con la muerte de tres jóvenes en Chiquimula, el enfrentamiento a balazos hace un mes con agentes de la PNC en la aldea Juan de Paz, los Amates Izabal, y la adquisición de una residencia valorada en mas de US$600 mil dólares cerca de un hotel de Río Dulce, donde se reunían con los altos mandos de los Zetas.
Una característica más es que eran compañeros de los Zetas capturados en Cobán, Alta Verapaz.
Las fuerzas de inteligencia aseguran que el propósito de la reunión era planear asesinatos. Rémber Larios director adjunto de la PNC, informó: "Esas personas han sembrado el pánico en el oriente. Están bajo investigación, por la cantidad de armas incautadas e investigamos su participación en otros delitos".
El funcionario agregó: "Han participado en el tráfico de armas y asaltos, investigamos una posible reunión con dirigentes de los Zetas en un hotel de Río Dulce donde se les capturó, pues entre ellos hay un mexicano que presentó una cédula y licencia de aportación de armas de fuego falsificadas".
El ministro de Gobernación, Salvador Gándara, minimizó la situación: " Hay un problema con los Zetas; yo creo que les estamos dando más magnitud de lo que en realidad son; son simples personas que vamos a capturar y las vamos a tener como tienen que estar"
La violencia relacionada con el narcotráfico y el abuso de las drogas aumenta en América Latina, pese a los esfuerzos de los gobiernos para combatirla. (Prensa Libre pag. 37 publicación del 20 de febrero 2009)
Según el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) publicado el 19 de febrero del 2009 en Viena, Austria, no hay país de la región que se salve del problema de las drogas, aunque hay notables diferencias en producción, comercio y consumo. Así los países andinos de Colombia, Bolivia y Perú aún conforman la principal región mundial de cultivos de arbusto de coca y producción de cocaína, que se vende sobre todo en EE.UU. y Europa por medio de rutas terrestres, aéreas y marítimas que pasan por Centroamérica y, cada vez más por África. La JIFE, entidad autónoma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destacó en el documento la profesionalización del narcotráfico en América del Sur. Éstas han establecido una cooperación entre sí para algunas operaciones, en las que "emplean especialistas" como compuestos químicos, capitanes de barco, pilotos y expertos financieros para las diversas actividades que requiere su negocio ilícito.
En los países centroamericanos, que sobre todo sirven de ruta de tránsito de la droga del sur hacia el norte, preocupa la implicación en las organizaciones criminales de las gavillas. "Cerca de cinco mil pandillas de El Salvador, Guatemala y Honduras actúan en México con jóvenes reclutados por narcotraficantes mexicanos", reveló el informe. Además, en México "los carteles de la droga han respondido con una violencia sin precedentes" a los esfuerzos de las autoridades por combatirlos, por lo que en el 2007 y el 2008 la cifra de policías asesinados aumentó.
La JIFE reportó que los grupos mexicanos usan Belice para almacenar drogas y coordinar operaciones. Se calcula que 18 por ciento de la cocaína que es traficada por medio de México entra desde Belice y Guatemala, lo que convierte a Centroamérica en una de las más importantes rutas para el tráfico de drogas hacia Norteamérica y Europa. Acerca del consumo, el primer estudio comparativo sobre el uso indebido de drogas en seis países de Sudamérica colocó a Argentina en el primer puesto como consumidor de cocaína, seguido de Uruguay, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador.
Ejemplo de la penetración del narcotráfico en las altas esferas económicas del mundo lo es la noticia difundida en los medios en la que se afirma que: Investigan si Stanford lavó dinero de cartel. (Prensa Libre, Pag. 37 del 20 de febrero 2009)
La Policía federal de EE.UU. investiga al multimillonario tejano Robert Allen Stanford por posibles operaciones de lavado de dinero para el cartel del Golfo de México, informó el 19 de febrero del 2009 la cadena de televisión ABC.-
De acuerdo con esa fuente, la Policía de México tiene en su poder uno de los aviones de Stanford, en el que se encontraron cheques aparentemente vinculados con esa organización criminal. Todos los negocios de Stanford están congelados por orden judicial, después de que la Comisión del Mercado de Valores (SEC, en inglés) de Estados Unidos lo acusara de dirigir un entramado de inversión fraudulento por el cual captó US$8 mil millones con la promesa de alta rentabilidad.
Según la cadena ABC, que citó fuentes gubernamentales anónimas la SEC tenía preparado el caso contra Stanfor, pero no tomó medidas a peticion de la Policia Federal, que llevaba a cabo una operación encubierta para descubrir sus posibles vínculos con el narcotráfico.
No obstante, la semana del 15 al 20 de febrero, el multimillonario tejano movió grandes cantidades de dinero de sus cuentas, lo que precipitó la acción de la SEC, según aquella cadena televisiva. Stanford se encuentra de paradero desconocido. Mientras, los clientes de sus entidades financieras en América Lanina hacen cola para sacar su dinero.
El escándalo ha alcanzado también al Congreso de Estados Unidos, ya que Stanford dio US.$8 millones de dólares de USA en donaciones electorales a políticos, que ahora se apresuran a devolverlos o donarlos a instituciones de caridad, destacó ABC. Entre los beneficiados está el excandidato presidencia John McCain. Las autoridades financieras mexicanas afirmaron ayer que las operaciones de Stanford Financial en ese país no han sido intervenidas.
Los esfuerzos de las autoridades por convatir el narcotráfico son constantes y siempre tratan de dar a la opinión pública, la cara de alguien quien esta interesado en erradicar ese flagelo.
Funcionarios antinarcóticos de EE.UU. y Colombia compartieron con autoridades guatemaltecas estrategias efectivas contra el tráfico de drogas. Después de ese diálogo se percibe que hay anuencia en diversos sectores para promover una ley que confisque bienes a los carteles, implemente un grupo de elite y agilice las extradiciones. (Prensa Libre: Febrero 20 2009. Pag. 3)
Representantes de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y de la Fiscalía ven con buenos ojos la propuesta, pero coinciden en afirmar que cada sector debe poner empeño para que se haga realidad. Perry Holloway, director de Asuntos de narcótivos de la Embajada de EE.UU. en Colombia, y Omar Adolfo Figueroa, subdirector de Bienes en la Dirección Nacional de Estupefacientes de esa nación, dialogaron durante esta semana con funcionarios guatemaltecos, para exponerles el plan con que se ha logrado reducir las acciones del narcotráfico en ese país sudamericano.
Al respecto, después de la cita el ministro de Gobernación, Salvador Gándara, afirmó que es un plan que se podría aplicar con éxito en Guatemala, si se logran efectuar las reformas legales pertinentes. Además, los expertos se reunieron con Abraham Valenzuela, ministro de la Defensa; Eliú Higueros, presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, y Amilcar Velasquez, fiscal general.
el 19 de febrero 2009 en conferencia de prensa, Holloway y Figueroa explicaron que la implementación de la Ley de Extinción de Dominio ha permitido a las autoridades colombianas decomisar mas de 70 mil bienes a narcotraficantes, entre ellos, dos mil empresas, en un período de siete años.
Figueroa dijo: "Tenemos, por las confiscaciones, el Holding de empresas más grande del país y la droguería más grande de Sudamérica, con 600 establecimientos; esas sociedades serán entregadas poco a poco a la iniciativa privada, que es la que tiene que administrar este tipo de bienes".
Además, se han embargado 600 aeronaves y nueve mil automotores. Esas incautaciones han generdo al Estado de Colombia US$90 millones que se inviertieron en un plan de vivienda.
Hollowar expuso sobre la agilidad en los procesos de extradición en Colombia, y que capos detenidos han negociado penas más benévolas en EE.UU., a cambio de información de estructuras criminales.
Añadió: "Esta técnica nos ha permitido tener información en tiempo récord, que a los ficales les hubiera demorado 10 años".
Otra de las estrategias presentadas a funcionarios guatemaltecos fue la de crear un grupo investigativo de élite contra el narcotráfico coordinado con la justicia, de modo que Policía de investigación, fiscales expertos en el tema y jueces tengan una misma visión y permitan contrarrestar el delito.
La otra parte importante presentada fue la impulsada en Colombia con programas de sustitución de cultivos ilegales por productos lícitos que generen riqueza a los campesinos. "En Colombia hay gente que siembra amapola y plantas de coca, tal vez no son los más malos, pero tienen que saber que están cometiendo un ilícito con eso" expresó Holloway. Los expositores dieron a conocer que Colombia se ha beneficado de esas estrategias, con una reducción de 90 por ciento en secuestros, 60 por ciento en homicidios e igual porcentaje en extorsiones.
Visita oportuna: La visita de los funcionarios se da en momentos en que Guatemala es atacada por grupos mexicanos de narcotraficantes que cometen masacres. "Sin seguridad no hay desarrollo e inversión si no se controla a estos grupos, van a matar a jueces y fiscales con tal de no ser molestados. Además la droga y el lavado de dinero pueden permear cualquier institución", refirió Holloway.
Afirmó que la violencia que afronta Guatemala tiene que ver con el tráfico de drogas, y reclacó que la posición geográfica de Centroamérica en EE.UU. y México origina que sea el puente natural elegido por los narcos para trasladar el 70% de la droga.
Santiago Najero, presidente de la Comisión de Gobernación, dijo que no descarta apoyar esa nueva ley, pero hizo énfasis en la necesidad de lograr consensos. Otros diputados de oposición ven con buenos ojos ese proyecto y creen que tiene futuro en el legislativo, por la necesidad de contar con herramientas eficientes contra esas mafias.
Igualmente se publicó algo sobre la mano dura del cartel del golzo. Se dijo: Los Zetas amplían área de acción y suman socios. (Prensa Libre. Pag. 3 del 17 de febrero 2009).-
Los Zetas son el brazo armado del Cartel del Golfo, México, y operan en Guatemala desde enero del año 2008. Se han apoderado de áreas en Zacapa, Chiquimula, Alta y Baja Verapaz, Huehuetenango y la capital, entre otros.
Las investigaciones preliminares establecen que más de 300 integrantes de ese grupo operan en el país. Cuando ingresó el primer grupo, buscaron contratar a ex Kaibiles y ex agentes de seguridad, entre otros, quienes se encargan de hacer contratos de alquiler de viviendas y compra de vehículos, que han usado en las diferentes narcomatanzas. Su propósito era establecer un nuevo corredor del narcotráfico en el área norte. Incluso se estableció que por lo menos siete mexicanos contrataron 12 vuelos desde Huehuetenango a la capital, en el 2008, y aprovecharon para trasladar armas. También se han detectado 14 casas de seguridad, en donde se han localizado agendas que detallan estrategias que seguirían en acciones contra otros grupos de narcos.
La captura en Izabal, de seis presuntos narcotraficantes vinculados al brazo armado del Cartel del Golfo mexicano denominado los Zetas, es evidencia de cómo esa organización ha ganado territorio en el corredor norte del país, luego de haber protagonizado matanzas en Huehuetenango y Zacapa, y consolidado sus operaciones en Alta Verapaz.
El narcotráfico no es un tema nuevo en Izabal, territorio que hace tiempo es uno de los departamentos elegidos para el tráfico de estupefacientes que después transportan por Petén hacia méxico, con destino a Estados Unidos.
El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil han establecido que las seis personas detenidas, en Izabal son parte de la organización de los Zetas, lo cual demuestra cómo este grupo ha ganado territorio, luego de haber protagonizado matanzas como la del 17 personas en Huehuetenango, a finales del 2008; dos masacres en Zacapa, en una de ellas murió el capo guatemalteco Juan José León, Juancho, y la otra donde 16 personas fueron incineradas en un autobús procedente de Nicaragua.
Los capturados el quince de febrero 2009 fueron identificados como Byron Vargas Sosa, 36, Rodrigo Orellana Recinos, 38, Esteban Bolvito Pérez, 36, Selvin Galindo Choc Sam 31, Mario Ernique Cocoj Quiej, 25, y Ricardo Quin Guitz, 30 quienes el 16 de febrero 2009 fueron traslados de Izabal hacia la capital de Guatemala bajo fuertes medidas de seguridad.
Para los invesigadores antiarcóticos, esta es una captura importante, que deja al descubierto las alianzas de narcos locales con los mexicanos, debido a que éstos les ayudan a establecerse, buscar un nuevo territorio para el trasiego de droga, comprar armas, propiedades y autos.
Las pesquisas han determinado que en el caso de Vargas era el líder de una de las células de narcotraficantes y que fue contactado, especialmente para conseguir las armas para los Zetas. A esta agrupación también se le vincula con la muerte de tres jóvenes en Chiquimula, el enfrentamiento a balazos hace un mes con agentes de la PNC en la aldea Juan de Paz, los Amates Izabal, y la adquisición de una residencia valorada en mas de US$600 mil dólares cerca de un hotel de Río Dulce, donde se reunían con los altos mandos de los Zetas.
Una característica más es que eran compañeros de los Zetas capturados en Cobán, Alta Verapaz.
Las fuerzas de inteligencia aseguran que el propósito de la reunión era planear asesinatos. Rémber Larios director adjunto de la PNC, informó: "Esas personas han sembrado el pánico en el oriente. Están bajo investigación, por la cantidad de armas incautadas e investigamos su participación en otros delitos".
El funcionario agregó: "Han participado en el tráfico de armas y asaltos, investigamos una posible reunión con dirigentes de los Zetas en un hotel de Río Dulce donde se les capturó, pues entre ellos hay un mexicano que presentó una cédula y licencia de aportación de armas de fuego falsificadas".
El ministro de Gobernación, Salvador Gándara, minimizó la situación: " Hay un problema con los Zetas; yo creo que les estamos dando más magnitud de lo que en realidad son; son simples personas que vamos a capturar y las vamos a tener como tienen que estar"
Norcoactividad
Los medios de comunicación han estado publicitando las actividades que los Estados latinoamericanos han realizado últimanete, pretendiendo detener el crecimiento cada vez más de la narcoactividad. Pareciera que es totalmente imposible detenerla, mediante el empleo de la coerción estatal. Por otro lado, se ha publicitado que hay otro paradigma encontrado al que se ha manejado. Diana Pardo ha publicado(Prensa Libre pag. 18 del 19 de febrero 2009)lo siguiente. Ella pregunta: ¿Están listos los países de América Latina para descriminalizar el consumo de droga y abordar el problema como un asunto de salud pública, como lo propone la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia?
Informa además que la reciente declaración de la Comisión, "Drogas y Democracia: Hacia un cambio de paradigma" es una interesante proposición de un grupo de intelectuales latinoamericanos, encabezados por los expresidentes César Gaviria, de Colombia; Ernesto Zedillo, de México, y Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, de buscar una estrategia regional más eficiente para lidiar con el problema de las drogas.
La Comisión plantea una estrategia que se aparta totalmente del acercamiento prohibicionista que tiene Washington sobre el problema. Dice además que la misma se centra en tres premisas fundamentales:
1) Transformar el trato a los consumidores de droga, al dejar de considerarlos criminales, sino pacientes del sistema de salud, y despenalizar el consumo de ciertas drogas, como la marihuana;
2) Enfatizar en la necesidad de reducir la demanda por medio de campañas de información y prevención,y;
3) Enfocar la represión en el crimen organizado asociado al narcotráfico, que genera, entre otros flagelos, violencia, inseguridad, corrupción institucional, trafico de armas y lavado de dinero.
Aunque las ideas son interesantes, en realidad no hay nada innovador en ellas. Desde que Ronald Reagan declaró la "guerra contra las drogas", a comienzos de los años de 1980, diversas voces latinoamericanas y estadounidenses se han levantado y abogan por un enfoque de salud pública al problema. Sin embargo quienes han insinuado políticas orientadas a la descriminalización de las drogas, han sido criticados y en muchos casos castigados, y sus propuestas han sido políticamente inviables.
A esta situación política que aún permanece vigente se suma la alarmante realidad de los países que sufren en carne propia el flagelo de la droga.
En México la violencia se ha exacerbado. Solo en el último año se han registrado más de cinco mil muertes en el contexto de una guerra contra los narcofrafcantes que se ha extendido en todo el país. En Brasil y Argentina el consumo de cocaína ha aumentado dramáticamente en los últimos años, como consecuencia precisamente de las políticas de liberalización del cultivo de la coca del presidente Evo Morales en Bolivia, que han resultado en la venta de pasta de coca barata en los países del cono sur.
En Europa el consumo se ha disparado, lo que ha obligado a que países como Holanda se vean en la necesidad de replantearse su política liberal de tolerancia y venta libre de drogas. En este contexto es difícil que se vislumbre una postura conjunta de los países productores, distribuidores y consumidores en el sentido que plantea la Comisión de Drogas y Democracia.
En Estados Unidos es posible que la nueva administración de Barack Obama le conceda una mayor importancia al tema de la demanda que su antecesor, e igualmente que modifique los énfasis del Plan Colombia y el Plan Mérida hacia un mayor aporte a los programas sociales y de fortalecimiento institucional, pero sin apartarse del enfoque prohibicionista que ha regido la política antidrogas de Estados Unidos.
Aunque el aporte de la Comisión es interesante, es un reflejo de que es mucho más fácil hacer recomendaciones que ejecutar políticas públicas. ¿Por qué tantos años después de que dejaron el poder, estos ex presidentes vienen con estas propuestas? ¿Por qué no asumieron este enfoque cuando eran presidentes? ¿Por qué piensan ellos que es viable hacerlo ahora, y no en un pasado?
La anterior opinión fue publicada por Diana Pardo, quien es consultora Senior Newlink Political, Su correo electrónico es el siguiente: Diana.pardo@newlink-group.com
Es interesante su punto de vista el cual nos obliga a entrar en una reflexión profunda en el tema. La narcoactividad ha crecido considerablemente en todo el mundo y los países centroamericanos y del Caribe se han convertido en punto de lanza para su coercialización en la gran potencia del norte.
Nuestros países no la producen, solamente la almacenan y la trasladan a las grandes sociedades que la consumen y pagan por tener acceso a ella.-
Informa además que la reciente declaración de la Comisión, "Drogas y Democracia: Hacia un cambio de paradigma" es una interesante proposición de un grupo de intelectuales latinoamericanos, encabezados por los expresidentes César Gaviria, de Colombia; Ernesto Zedillo, de México, y Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, de buscar una estrategia regional más eficiente para lidiar con el problema de las drogas.
La Comisión plantea una estrategia que se aparta totalmente del acercamiento prohibicionista que tiene Washington sobre el problema. Dice además que la misma se centra en tres premisas fundamentales:
1) Transformar el trato a los consumidores de droga, al dejar de considerarlos criminales, sino pacientes del sistema de salud, y despenalizar el consumo de ciertas drogas, como la marihuana;
2) Enfatizar en la necesidad de reducir la demanda por medio de campañas de información y prevención,y;
3) Enfocar la represión en el crimen organizado asociado al narcotráfico, que genera, entre otros flagelos, violencia, inseguridad, corrupción institucional, trafico de armas y lavado de dinero.
Aunque las ideas son interesantes, en realidad no hay nada innovador en ellas. Desde que Ronald Reagan declaró la "guerra contra las drogas", a comienzos de los años de 1980, diversas voces latinoamericanas y estadounidenses se han levantado y abogan por un enfoque de salud pública al problema. Sin embargo quienes han insinuado políticas orientadas a la descriminalización de las drogas, han sido criticados y en muchos casos castigados, y sus propuestas han sido políticamente inviables.
A esta situación política que aún permanece vigente se suma la alarmante realidad de los países que sufren en carne propia el flagelo de la droga.
En México la violencia se ha exacerbado. Solo en el último año se han registrado más de cinco mil muertes en el contexto de una guerra contra los narcofrafcantes que se ha extendido en todo el país. En Brasil y Argentina el consumo de cocaína ha aumentado dramáticamente en los últimos años, como consecuencia precisamente de las políticas de liberalización del cultivo de la coca del presidente Evo Morales en Bolivia, que han resultado en la venta de pasta de coca barata en los países del cono sur.
En Europa el consumo se ha disparado, lo que ha obligado a que países como Holanda se vean en la necesidad de replantearse su política liberal de tolerancia y venta libre de drogas. En este contexto es difícil que se vislumbre una postura conjunta de los países productores, distribuidores y consumidores en el sentido que plantea la Comisión de Drogas y Democracia.
En Estados Unidos es posible que la nueva administración de Barack Obama le conceda una mayor importancia al tema de la demanda que su antecesor, e igualmente que modifique los énfasis del Plan Colombia y el Plan Mérida hacia un mayor aporte a los programas sociales y de fortalecimiento institucional, pero sin apartarse del enfoque prohibicionista que ha regido la política antidrogas de Estados Unidos.
Aunque el aporte de la Comisión es interesante, es un reflejo de que es mucho más fácil hacer recomendaciones que ejecutar políticas públicas. ¿Por qué tantos años después de que dejaron el poder, estos ex presidentes vienen con estas propuestas? ¿Por qué no asumieron este enfoque cuando eran presidentes? ¿Por qué piensan ellos que es viable hacerlo ahora, y no en un pasado?
La anterior opinión fue publicada por Diana Pardo, quien es consultora Senior Newlink Political, Su correo electrónico es el siguiente: Diana.pardo@newlink-group.com
Es interesante su punto de vista el cual nos obliga a entrar en una reflexión profunda en el tema. La narcoactividad ha crecido considerablemente en todo el mundo y los países centroamericanos y del Caribe se han convertido en punto de lanza para su coercialización en la gran potencia del norte.
Nuestros países no la producen, solamente la almacenan y la trasladan a las grandes sociedades que la consumen y pagan por tener acceso a ella.-
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