VEJACIÓN

LA VIDA NO RETOÑA

JUSTICIA II. Atrévase a protestar contra el sistema o inicie acciones legales contra aquellos que son señalados de criminales de guerra, de genocidas, o de ser los responsables de las desapariciones forzadas y tenga por seguro que estarán tocando a su puerta los verdugos que desean que todo quede en la impunidad. Más aún, es mejor que se calle y se trague todo aquellos que tenga por decir, de lo contrario su vida esta corriendo un grave peligro y recuerde, la vida no retoña.

Es casi una condena al silencio. Si se atreve a decir algo, mejor primero tome sus precauciones y vea como están sus medidas de seguridad. En Guatemala rondan por las calles los demonios que si se les alborota, reaccionarán muy violentamente contra usted, por haberse atrevido a desempolvar un libro que estaba en el armario y que son muchos los que desearían que se hubiera desaparecido. Pues al descubrirse su contenido, de seguro se iniciarán las acciones criminales contra ellos y es algo que muchos quieren que no suceda. Y hay muchas personas que afirman no ser totalmente responsables de lo que sucedió durante el conflicto armado interno. Y si participaron en algo cuando estaban involucrados en más de alguno de los bandos en pugna, su participación fue mínima, o casi insignificante, como proceder a la captura del guerrillero y entregarlo a sus jefes superiores; amarrarlo a la mesa de tortura; ayudar al verdugo a subirlo al potro para la aplicación del suplicio; Pareciera que son insignificantes las contribuciones en la acción criminal, y así es como lo quieren aparentar y hacer ver, aquellos que presenciaron muchas acciones de salvajismo y deshumanización.-

LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU) SEÑALA LA FALTA DE SEGUDRIDAD
Y JUSTICIA EN GUATEMALA

La Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) hizo una fuerte crítica al sistema de seguridad y justicia de Guatemala, por medio de su informe anual, divulgado el 25 de marzo 2009.-

En el documento destaca que persisten las ejecuciones extrajudiciales y acciones de grupos de limpieza social integrados por civiles; reconoce avances como la aprobación de la Ley contra el Femicidio y ve positivos los cambios en la Policía y del Fiscal General.

Además, la Oficina del Alto Comisionado NUDH plantea 15 recomendaciones para los poderes del Estado y el Ministerio Público que, de ponerse en práctica, ayudarían a combatir la impunidad y fomentarían un Estado que respete los derechos humanos.
El informe fue presentado por Amerigo Incalcaterra, representante interino de la Oficina del Alto Comisionado NUDH (Oacnudh), y Juan Monge, jefe adjunto de esa oficina, expuso sobre las cifras de violencia y otros sucesos en el país. En el reporte sobre la situación de los derechos humanos en el 2008 señala que ese año se registraron seis mil 244 muertes violentas, lo que significa incremento de 8 por ciento, al comparar los cinco mil 781 homicidios del 2007.

“Guatemala presentó en el 2008 una tasa de 48 homicidios por cada cien mil habitantes, una de las más altas entre los países del mundo, oficialmente, en paz” expresó Monge. Parte del documento señala que la muerte violenta de mujeres aumentó a 722, en comparación con las 590 del 2007.
El informe, presentado el 25 de marzo del 2009 al consejo de Derechos Humanos, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), afirmó:

“La impunidad es un problema estructural que favorece los altos niveles de violencia. El Organismo Judicial tiene resultados limitados y poco perceptibles para quienes buscan justicia”.
Durante el 2008 murieron 22 personas en linchamientos y nadie fue capturado como responsables de los mismos. El Informa hace énfasis en que persisten los aparatos clandestinos de seguridad insertos en las instituciones del Estado, y como ejemplo se cita el asesinado de Víctor Rivera, ex asesor Antisecuestro del Ministerio de Gobernación.

PENA DE MUERTE: la Oficina del Alto Comisionado NUDH pidió aprovechar la moratoria en cuanto a la pena de muerte, para abolirla, con el argumento de que no tiene efecto disuasivo para los criminales.

La Oficina advierte además que aún está pendiente el reconocimiento por las instituciones del delito de desaparición forzada, en especial para juzgar crímenes durante el conflicto armado. Señala la interposición de recursos legales para evitar que detectives tengan acceso a información militar relevante en pesquisas sobre genocidio, y dilaciones procesales que evidencian obstaculización a la justicia. Incluso menciona que “el anuncio presidencial del 25 de febrero del 2008 sobre acceso público a los archivos militares fue desafiado con el argumento de seguridad nacional utilizado por el Ministro de la Defensa”.

Exhorta al Estado de Guatemala a implementar de manera coordinada, coherente y eficaz las sugerencias del documento. Los expositores expresaron que a pesar de algunos avances, aún queda mucho por hacer. Este es el tercer informe que presenta la Oficina del Alto Comisionado NUDH desde su instalación en el país, que fue a finales del 2005. Ruth Del Valle, de la Oficina de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), aceptó los señalamientos y dijo que el Gobierno tiene una política de cumplimiento de los derechos humanos y tomará en cuenta las recomendaciones. (La noticia fue publicada en Prensa Libre el 26 de marzo 2009. Pág. 3 Escrito Por Cereser, Leonardo)

La sociedad guatemalteca ha tenido que vivir los efectos de un Estado de post guerra. Algunos consideraron que es irrelevante la situación de haber salido de un conflicto armado interno de más de 35 años. Opino que no es así. Las partes involucradas en el conflicto armado y el Gobierno de turno cuando se firmó la paz, no diseñó un plan de acción que contrarrestara las acciones que surgieran y que fueran relacionados directamente como consecuencia del conflicto armado interno. No hay un plan estratégico que reinsertaran a la vida civil y ciudadano común a todos aquellos que estaban directa o indirectamente involucrados en la guerra.
Es cierto que se depusieron las armas, se redujo el número de efectivos de la Institución Armada y se firmaron los acuerdos de paz. Pero había muchas personas entrenadas para el combate en guerra, la acción contra insurgencia, la recaudación del impuesto de guerra en la Iniciativa Privada y el Cacif. Habían personas encargadas de la ejecución, custodia, transporte de personas en situación de secuestro, aplicación de la tortura, la ejecución de la desaparición forzada. De igual forma, quedó mucha gente ignorada por la labor que realizada dentro de la insurgencia, que hoy han manifestado su dolor por la forma como los han tratado. Hay muchas personas con heridas visibles, y son bastantes con cicatrices psicológicas que nunca fueron tratados. Había líneas de mando entre las fuerzas encontradas, pero nadie dijo cual sería la vida de estas personas, ya cuando se concluyera el conflicto armado interno. Ambas partes le prometían a los subalternos administración del poder en cargo públicos. Pero resulta que se olvidaron por completo de su existencia y dieron por sentado que todos tenían que acomodarse en la vida social nueva. Se cerraron cuarteles y se despidió a los comisionados militares y mucha tropa pasó a la condición de retiro. Pero la industria criminal quedó en la mente de todas aquellas personas que se encontraban involucrados dentro del propio conflicto armado. A dichas personas no se les capacitó para la vida civil de una sociedad en Paz, ni mucho menos para ganarse la vida honradamente con esfuerzo laboral diario que no le hiciera daño a sus semejantes. Y claro está, dichas personas, de ambos bandos en pugna debieron seguir su labor. Si se dedicaban al secuestro se continuó con éste. Si consistía en asalto a mano armada en carretera, de empresa, de transporte, las tareas continuaron, aunque ahora sería por su propia cuenta. Si se trataba de la recaudación del impuesto de guerra, hoy se continúa, pero hoy ya no dicen que es para la guerra, sino para las familias de aquellos que cayeron en combate. Se siguió prácticamente delinquiendo y así es como vemos el incremento de la delincuencia en toda la sociedad y lo largo y ancho del territorio nacional, solo que hoy ya no se le entregan cuentas a nadie.
Para dar un ejemplo hay que traer a la memoria el cuartel que albergaba a la Policía Militar Ambulante. Se trataba de un grupo élite de fuerza del Estado, y desapareció de la noche a la mañana. Todos aquellos que trabajaban como seguridad de los particulares que podían pagar el sueldo, uniforme y equipo bélico del militar, quedaron de la noche a la mañana sin trabajo que realizar. Todos fueron enviados a sus casas, con una carta de agradecimiento por los servicios prestados a la patria.
Nadie dio razón del armamento que dichas personas tenían en su poder y que no estaban declaradas en su equipo, pues las fueron adquiriendo en la clandestinidad. Era frecuente que cuando se ponía un retén en la carretera, fueran decomisadas pistolas, rifles o cualquier utensilio militar. Y las armas en su mayoría no fueron consignadas a tribunales. Pero si fueron incautadas por las autoridades. Es decir, no se efectuó una requisa a las casas de aquellos que eran despedidos de las fuerzas de seguridad y estos quedaron con armamento de alto calibre en su poder.
La tropa a donde estaba integrado no quería el retiro, pedían agritos que fueran ubicados en otras actividades del ejército. Pero el acuerdo a que se había llegado para firmar la paz era que se redujera el número de efectivos en disponibilidad.
Estos saldados nunca habían trabajado en otra cosa que no fuera de la institución armada, y al verse en casa, sin nada que hacer, se sintieron desamparados, casi traicionados por el Estado. Ellos no sabían que hacer con su vida civil, nunca habían trabajo en otra cosa más que en obedecer a jefes superiores. Pero el mandato consistía en cerrar el cuarteles y asía se hizo.
Después de ese acontecimiento se llegó a saber dentro de la sociedad, por los medios de comunicación que se suscitaron constantes asaltos a mano armada de Bancos y de vehículos blindados. Todas las operaciones tenían una presentación de haberse cometido por personal en servicio militar. Hasta los distractores eran empleados para atraer la atención en un lugar cercano y así evitar la concentración de la actividad persecutoria criminalmente en el lugar donde se estaba realizando el atraco. En su mayoría de casos, no se llego a esclarecer quienes fueron los responsable de los atracos, pero lo cierto es que puso en zozobra a la población, al sistema Bancario y al sistema de administración de justicia.

Después de un conflicto armado interno, la sociedad queda envuelta en un trauma psicológico, del que nadie se preocupó. Sin embargo hay voces de algunas personas que aseguran que es irrelevante el mismo, lo cual no es así. Hasta la fecha se pueden observar las secuelas causadas por la guerra.
De suerte para los incrédulos, hay mucho material por descubrir y dar a conocer a todos aquellos que aún consideran que la guerra se vivió fuera de las ciudades, que fue más en el interior de la República que en la capital. Ese material da cuenta de que se vivió más en los centros urbanos.-

INJUSTA JUSTICIA
En el país prevalece el sentimiento de que la justicia se aplica según el dinero que haya de por medio. (Revista D Pág. 18 del 29 de Marzo 2009. Por Villalobos, Roberto, Ilustración de Xuyá, Nelson)
Mafiosos, corruptor, ladrones, violadores secuestradores, traficantes de drogas, pandilleros y otra sarta de delincuentes andan sueltos por las calles, mientras la población honrada tiene el riesgo latente de ser víctima de esa lacra de la sociedad. Esa es la triste historia de Guatemala. Sin embargo, personas “comunes y corrientes”, esas que trabajan y que se exponen a la violencia de malhechores, están más propensas a enfrentar serios procesos penales por “insignificancias”, como cuando alguien se robó una gallina o cuando un lustrador se llevó un par de zapatos y unos calcetines. Claro, “un robo es un robo”, y debe ser castigado tanto el que limpia el calzado como el ex funcionario que se apropia millones de quetzales de fondos del Estado. De igual forma, el que se apropia de un saco de elotes y el narcotraficante por sus fechorías. La sentencia depende, eso sí, de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, de la credibilidad de los testigos, de la habilidad de los abogados y del criterio del juez.

Los fallos judiciales han favorecido a políticos –muchos de ellos del gobierno Eferregista, a pesar de malversas fondos; así como a fiscales, oficiales y policías involucrados en corrupción. Algunos obtienen penas mínimas, fianzas insignificantes o arrestos domiciliarios sin vigilancia. Mirna, una ciudadana que prefirió mantener su verdadero nombre en el anonimato, no corrió con la misma suerte. Hace algunos años un transeúnte se le atravesó y lo atropelló con su automóvil. Ella se quedó en el lugar para auxiliar a la víctima, ella pensó que si lo hacía no la llevarían detenida, y solo tendría que pagar por sus gastos médicos. No obstante, todo salió al revés, ya que fue puesta en prisión preventiva. Mirna acusa que en el proceso judicial hubo tráfico de influencias: “Al parecer la esposa del arrollado tenía algunos conectes, y forzó a que me mantuvieran en la cárcel”, refiere. Además, si deseaba salir libre, debía pagar una fianza de Q.250 mil, lo cual “era imposible”, agrega. Y mientras el Ministerio Público investigaba el caso, permaneció encerrada por casi un año en Santa Teresita. “En ese tiempo pasé motines y viví los suplicios de las mujeres que están allí”. Comenta, por ejemplo, de cuando una muchacha estaba a punto de tener a su hijo, pero las autoridades no la dejaron salir. El resultado: la pérdida del bebé.
También recuerda la vez en que llevaron a otra a la bartolina por 15 días. Padeció gripe, estuvo sin sábanas y no se le dio suficiente agua. “Ella estaba infectada de VIH, y por su condición salió muy enferma”. La encargada no dejó que saliera a ver al médico y en 24 horas, murió.

Pero las cosas no se quedan ahí, pues, testifica Mirna, que toda mujer que entra en la cárcel por cargos relacionados con narcóticos o robo, llega golpeada. Lo peor de todo es que “algunos de los policías, cuando las muchachas están de “buen ver, las violan. Ellas, sin embargo, no pueden demostrarlo, porque las encierran en las cárceles públicas, y no tienen la posibilidad de hacerse los respectivos exámenes para acusarlos”, indica. “Es la palabra de los policías contra la de ellas”.
Mariano González, psicóloga de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), expresa que toda persona que ingresa en el sistema penitenciario desarrolla depresión y soledad. Y es peor el sentimiento cuando el individuo considera que su arresto es injusto. “El ambiente de la cárcel genera un deseo de venganza, por lo que al salir querrá hacer el mal que le causaron”, explica. Los reclusos, para sobrevivir, aprenden nuevas formas de defenderse. Al final, salen con otro tipo de aprendizaje, nada bueno. “Aunque en las cárceles hay equipos multidisciplinarios (médicos o psicólogos) que les ofrecen asistencia, su trabajo no es tan profundo, ya que son muy pocos para la gran cantidad de gente encerrada”, apuntó González.
Eddy Morales, sociólogo – criminólogo y actual director del Sistema Penitenciario (SP), confirma lo expuesto por el experto de la ODHA: “Una persona que ingresa al preventivo puede salir con una serie de problemas psicológicos, vejámenes e, incluso, sufrir violaciones”. Estas situaciones también las podrían vivir aquellos que han cometido delitos menores (riñas, escándalo en la vía pública o accidentes de tránsito, por ejemplo).-
Según Recinos, el Sistema Penitenciario procura que personas que cometen infracciones leves sean colocadas en determinados sectores, lejos de pandilleros, asesinos o extorsionistas. Pero, confiesa que, esto no siempre es posible, debido al hacinamiento en que se encuentra todo el sistema carcelario del país. “Falta infraestructura. La que tenemos no es suficiente ni es apta para la cantidad de reclusos”, comenta. La capacidad actual de presidios es para seis mil personas, y las que hay ahora son cerca de ocho mil 700. Todas estas situaciones que indignan, en gran parte, son consecuencia de la lentitud del Ministerio Público para investigar y de los tribunales para resolver.

Al final, Mirna fue absuelta de los cargos, pero pasó casi 12 meses en prisión, y tuvo que soportar un enorme sentimiento de vergüenza, “Una es gente de bien, y era feo que mi familia y amigos me llegaran a ver a ese lugar”, comenta.
Más adversidad: “Los más afectados con las sentencias son los que no tienen recursos económicos para pagar fianza u otra medida sustitutiva”, expone Jorge Mario Castillo. Defensor del debido proceso y recluso de la Procuraduría de los Derechos Humanos. “Gente de escasos recursos no tiene acceso a una caución como la que le ponen a los funcionarios “, subraya. Castillo opina que “la apariencia tiene que ver en que una persona se le sindique de algún hecho”. “Hay impunidad, todo está politizado”, expresa Luis González Dubón, doctor en derecho y portavoz de la Liga Pro Patria. Además, “los sobornos, el tráfico de influencias y el compadrazgo están a la orden del día” asegura. Otro caso relevante es el de una mujer que, en un supermercado, sustrajo un pantalón. Se le condenó a dos años de cárcel. “Cualquier robo debe ser castigado, pero los jueces también deben analizar la dimensión del delito y, en base a ello, condenar”, refiere Castillo. Axel Romero, abogado y notario, explica que en la ley hay gradaciones en los delitos, al menos en teoría, y en eso se basan los jueces para emitir sus fallos. Los jueces, a su vez, también son víctimas de amenazas e intimidaciones si no se exculpan a los agresores. “La ley es igual para todos, pero los problemas aparecen también cuando un juez se deja impresionar por alguien con poder, y pasa lo contrario cuando se trata de un “Juan Pérez”, agrega.

De esa cuenta, los tribunales, al parecer, cometen injusticias difíciles de explicar, como quien roba un pavo de Navidad encuentra mayores condenas que quien defrauda millones de quetzales al Estado. “En Guatemala se castiga la pobreza, no el delito”, sentencia Castillo. Romero atribuye gran parte de la deficiencia de la justicia al Ministerio Público. “Para ellos es más fácil buscar causas que eximen de responsabilidad a alguien, para no tener que sacar el trabajo. De esa forma, no tienen que encontrar material de investigación que sí conducirían a tratar los casos de manera profunda”, argumenta. De igual manera, existe la posibilidad de que una persona condenada se adhiera a la redención de penas por trabajo y buena conducta.

“Esta se le concedió, por ejemplo, a Byron Barrientes, ex ministro de Gobernación quien fue capturado en marzo del 2004. Fue condenado por el desvío de 81 millones, pero salió libre el 27 de junio del 2008.
“Las medidas sustitutivas son inoperantes y no se implementan con eficiencia”, expresa González Dubón.
PARA EL LAMENTO: con la situación de este modo, más vale andarse con cuidado, ya que la justicia, quizás, no se aplique como se espera. Resulta que, en ocasiones, parece que la justicia es injusta.

Cosas de la justicia:
Beneficiados: Personas están encerradas por robar una gallina o un saco de elotes, mientras ex funcionarios acusados de diferentes delitos está libres.
Alfonso Portillo (Ex presidente de la República) extraditado de México, a donde había huido para evadir la justicia. Se le sindica por un desvío anómalo de Q. 120 millones al Ejército, pero salió favorecido con una fianza de Q.1, millón para no ir a la cárcel.
Efraín ríos Montt. (diputado Eferregista) Sindicado por promover los disturbios del 24 y 25 de julio del 2003, llamados jueves negro y viernes de luto. Se le ordenó arresto domiciliario, pero el juez le permitió movilizarse en el departamento de Guatemala. El caso se cerró en el 2006.
Eduardo Meyes (Ex presidente del Congreso) Se le investiga por la pérdida de Q.82.8 millones del Congreso, los cuales fueron invertidos, de forma anómala, en la casa de bolsa Mercados de Futuro, S. A. (MDF) Fue beneficazo con arresto domiciliario, sin pago de fianza.
Manuel Maza Castellanos (Ex ministro de finanzas) Procesado por el desfalco de Q.155 millones en el Ministerio de comunicaciones, Infraestructura y vivienda (MICIVI) El juez, le dictó arresto domiciliario, sin vigilancia. Además no debió dar un solo centavo de fianza.
Óscar Dubón Palma, (Ex contralor general de Cuentas) Capturado en Nicaragua en marzo del 2004. Sentenciado en Guatemala por el desvío anómalo de Q.3.6 millones. El 5 de diciembre del 2008 fue liberado y beneficiado con arresto domiciliario.
Luis Alberto Dávila (Ex viceministro de gobernación) condenado a siete años de cárcel y una multa de Q. 15 mil por peculado, por el desvío de 81 millones en el Ministerio de Gobernación. Estuvo en prisión desde el 16 de junio 2003. pero fue puesto en libertad en agosto del 2008.

En el año 2008 el Organismo Judicial conoció 91 mil 985 procesos, pero solo resolvió cuatro mil 164. Estos son algunos números que reflejan la inoperancia del sistema de justicia guatemalteca.

JUEZ LIBERA DE IR A PRISIÓN
A TRES MILITARES

Una hora y media le bastó al Juez Nery Medina para determinar que el general retirado Enrique Ríos sosa jefe de finanzas del Ejército durante el gobierno de Alfonso Portillo y dos especialistas están vinculados con el desvío de Q471 millones. Del Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) durante el 2001. sin embargo, fueron beneficiados con un arresto domiciliario bajo vigilancia del Ministerio Público. (Prensa Libre: del 28 de marzo 2008. Pág. 3 por: López Ovando, Olga)
Acusados de millonario desfalco son ligados a proceso, pero van a su casa:
Ríos Sosa, el capitán primero Adolfo Catalán Muñoz y el teniente Miguel Ángel Salguero Torres, ambos asimilados, fueron ligados a proceso por peculado y falsedad ideológica en forma continuada.
Después de haber escuchado a la fiscalía y a defensores durante unas tres horas, el juez se retiró una hora y media de la sala de audiencias, para resolver. “El juzgador estima que hay una posible participación de las tres personas en los hechos que se les imputan (…); en los archivos de ese ministerio no se encontraron los documentos que respaldan las certificaciones que se firmaron para justificar la salida del dinero”, expresó Medica.

Otras medidas: Medina resolvió que los tres sindicados tienen autorización para salir de sus residencias, par cumplir con sus actividades laborales, e ir al médico cuando sea necesario. Los militares deben firmar el libro de asistencia en el juzgado, cada 15 días, y acudir al MP cada vez que sean requeridos. También continúan con arraigo. Aunque la fiscalía solicitó prisión preventiva, Medina no accedió a la petición, porque aseguró que no existe peligro de fuga ni obstaculización a las pesquisas, ya que dijo, éstas están avanzadas.

La acusación: Ríos Sosa, Salguero y Catalán son sindicados de haber autorizado la erogación de Q.471 millones 585 mil 965.35 sin documentos de respaldo ni justificación, porque aducían que eran secreto militar.
En el año fiscal 2001 se establece que se emitieron 79 certificaciones que respaldaban la salida de dinero. Ríos Sosa avaló 34 de éstas, por 262 millones 563 mil. A Salguero, quien fungió como secretario del Departamento de finanzas del MDN del 2001 al 2003, se le sindica de haber firmado 69 certificaciones, por 446 millones, y Catalán secretario interino avaló cuatro documentos por Q.4 millones.
Las pesquisas establecieron que en esos períodos fueron sustraídos Q. 906 millones del referido ministerio. De este caso se desprende el proceso que se sigue contra el ex presidente Alfonso Portillo, en el que se ha determinado la participación de éste, al haber autorizado Q. 120 millones.
De esta suma, Q.34 millones fueron trasladados a cuentas de José Armando Llort Quiteño, presidente del crédito Hipotecario Nacional en el gobierno de Portillo.
En su defensa, Ríos sosa aseguró que la sindicación es falsa porque a él lo respaldaba un finiquito de la Contraloría General de Cuentas, con fecha 24 de septiembre de 2007, donde se determina que no tiene cuentas pendientes con el Estado.
“El MP me está acusando del mismo hecho que se está ventilando en otro juzgado”, agregó. Salguero reconoció que firmó las certificaciones, pero dijo que sí tuvo a la vista los documentos que las respaldaban. Catalán refirió que él ocupó de manera interina la secretaría de finanzas, y en ese tiempo firmó algunas certificaciones de planillas de sueldos.
Salguero y Catalán aseguraron que desconocen en dónde fueron archivados esos documentos, los cuales se devolvían al departamento que solicitaba el aval.
Los tres militares fueron capturados luego de seis allanamientos en búsqueda de igual número de vinculados en el caso, pero solo se logró detenerlos a ellos. Los tres prófugos son Luis Alberto Gómez Guillermo, Sergio Hugo Cárdenas Sagastume y Randolfo Leonel Chacón Álvarez, quienes fueron jefes y subjefes del Departamento de finanzas de la institución castrense, del 2001 al 2003.
En la casa 2 de residenciales Los altos, Kilómetro 13 de la ruta a El Salvador, fue detenido Ríos sosa, quien ocupó el cargo de jefe de finanzas durante seis meses en el 2001.
Catalán quien, se jubiló en el 2004, fue capturado en su casa, en la colonia Lourdes, zona 17, y Salguero, en el Estado Mayor Presidencial, donde labora. A la diligencia asistieron un hijo y un sobrino de Ríos sosa, quienes tuvieron un altercado con policías que vigilaban el juzgado. La Prensa cubrió el incidente, lo cual enfadó a los jóvenes. Uno de éstos les tomó fotografías a los reporteros que se encontraban en el lugar. Diversos sectores calificaron de complaciente el fallo del Juez Nery Medina, quien resolvió arresto domiciliario para el general retirado Enrique Ríos Sosa y otros dos militares asimilados.
La resolución del Juez fue complaciente, porque estos militares malversaron millones de quetzales del Estado y no se les impuso una fianza”, comentó Eduardo de León, integrante de la fundación Menchú.
Añadió que ese fallo es resultado de negociaciones políticas, que originan un vacío en el sistema. “Este fallo muestra que el Organismo Judicial está politizado, porque no es posible que estas tres personas salgan libres después de apropiarse de fondos estatales”, opinó Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia. Enfatizó en que se evidencia en el país, las dos caras de la justicia, porque en los últimos meses se ha favorecido a ex funcionarios que han sido sindicados de hechos de corrupción. El abogado Marco Antonio Canteo, del Instituto de Estudios comparados en Ciencias Penales, expuso: Se debe dictar prisión, en los casos donde los sindicados tienen influencias políticas, para facilitar el desarrollo de las investigaciones.


GUERRA SUCIA
Sentada en una habitación de hospital colmada de flores y globos de colores, con los ojos todavía hinchados y violáceos por la golpiza recibida, Gladys Monterroso relata la horrible experiencia que le tocó vivir el 25 de marzo del 2009. “Pensé que era el último de mis días”, repite una y otra vez la abogada, quien a lo largo de las 12 horas que permaneció cautiva de los hombres que la secuestraron, no dejó de preguntarse “¿por qué?”

Es la misma pregunta que nos hacemos el resto de guatemaltecos. “¿qué significa esta agresión directa y brutal contra una catedrática de derecho financiero y tributario, columnista del Siglo XXI, asesora de la Diputada Nineth Montenegro y además esposa del Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales?”

Más allá de la jornada de terror que convulsionó a la capital la semana del 22 al 29 de marzo del año que corre, dos hechos han elevado el grado de psicosis y perpetua indignación en que vivimos: primero la muerte del bebé Anthony Josué Rosales, víctima de los ataques delirantes al transporte público, y luego, el secuestro y la tortura de la licenciada Monterroso. El primero de estos crímenes, la muerte del bebé, conmocionó a la sociedad entera al evidenciar que hasta el más inocente de nosotros, un niño de dos meses, puede morir en cualquier momento debido a la violencia que nos acorrala.

El segundo hecho ha conmocionado principalmente a las elites políticas: los activistas, los líderes de los sectores organizados del país, la prensa. Esa angustia no radica solo en el hecho en sí del secuestro, que como sabemos, es común en las estadísticas policíacas de nuestro país. La preocupación aquí se debe al origen político -¿O quizá debemos decir terroristas? – del ataque a la señora Monterroso, porque nos devuelve a la lógica, las tácticas y las amenazas de la guerra. Con un agravante: Durante el enfrentamiento, cuando ocurría una desaparición, una ejecución, una toma armada, sabíamos quiénes eran los protagonistas de la contienda y qué buscaban. Ahora ya no. El secuestro de Monterroso tiene un evidente móvil político. Los criminales ni siquiera llamaron para pedir rescate. Su objetivo era provocar terror en la sociedad, pero sobre todo en aquellos que de alguna forma participan de la vida política del país. Ese terror, como bien saben los expertos en operaciones psicológicas, resulta muy efectivo cuando está teñido de incertidumbre.

Por eso los secuestradores no le hicieron a la licenciada Monterroso ningún reclamo o advertencia directa. Se ensañaron en insultarla, golpearla, quemarla y vejarla, poniéndole la pistola en la sien o en la boca mientras le anunciaban, entre grandes risotadas, que la iban a matar. Más explicaciones no dieron los criminales. Lo que querían, al dejar a Monterroso inconsciente y herida en una acera de la colonia Atlántica, era precisamente que nos preguntemos por qué ocurrió esto. Las autoridades prometieron investigar pero dudo mucho que obtengamos de ellas una respuesta. Como en la enorme mayoría de estos casos, lo único que podemos hacer es conjeturas sobre las circunstancias que rodean el crimen. El contexto inmediato es el pánico que se generó el martes 25 de marzo de este año, por los ataques al transporte público, pánico que en buena parte se atribuye al crimen organizado que tiene intereses y representantes políticos en el Estado, la oposición y el sector privado.

También es importante señalar en un contexto más amplio, en qué momento se ocurre el secuestro: Ante todo, la captura de los dos policías acusados de ser los autores materiales de la desaparición formada y posterior ejecución del sindicalista Fernando García, el esposo de la diputada Montenegro (no olvidemos que al producirse ese arresto, la legisladora agradece efusivamente el apoyo del Procurador de los Derechos Humanos). No podemos obviar que además estamos en pleno proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. Mafias, políticos y gatos gordos están pugnando por copar esos espacios. En medio de esa lucha, la diputada Montenegro decidió apoyar la iniciativa del Movimiento Pro Justicia e impulsar una ley que regule el accionar de las comisiones de Postulación.

¿Qué motivó el secuestro? ¿Una de estas razones o una mezcla de ellas? Sólo los victimarios lo saben. En cuanto a la licenciada Monterroso, ella asegura que esta experiencia le ha permitido nacer de nuevo y que seguirá trabajando en la misma línea de siempre. Si algo reclama ahora es solidaridad para las víctimas que no tienen la misma relevancia política que ella y compromiso con Guatemala. “No podemos seguir viviendo en medio de tanta violencia”, clama. Visite www.dinafernandez.com
(Escrito en: El periódico. Abril 1 de 2009. Pág 14 Opinión. Por: Fernández, DINA. Vuelve el terror político)

Pero el mensaje esta claro. Ha quedado grabado en la mente de todos aquellos que han pensado pronunciarse contra la corrupción y contra el crimen organizado, o contra los grupos paralelos que hacen gobierno dentro del Estado.-

Seguro que a alguien ofendió, quien reaccionó violentamente contra ella. Quizá pudo haber sido algo que escribió en los diarios y provocó la presentación de alguna acción de inconstitucionalidad contra el mandato legal de presentar estados financieros auditados, por profesional colegiado. Hay muchas conjeturas al respecto. Pero lo único cierto es que hoy le sucedió a ella. Y pudo haber sido algo peor. Por lo que informa la prensa, la drogaron para mantenerla en un estado de relajación y le provocaron quemaduras. Supuestamente en sus brazos únicamente. Pero se sabe, por aquellas mujeres que han sufrido dichas quemadoras, cuando han sido víctimas de tortura y cuando se desarrollaba la guerra en Guatemala, que las mujeres que eran capturadas y torturadas, las quemaban en sus partes íntimas. Eso nunca se sabrá, y la única que lo podría confirmar es ella que lo vivió. El enojo fue de alguien muy influyente y con mucho poder, ya que movilizó a un buen número de personas, con medios de transporte que les permitía la total impunidad. Quienes la condujeron a un lugar apropiado, con absoluta privacidad, donde le aplicaron la tortura. Esta es una realidad y ante todo, una advertencia. El poder y enojo es tanto de quien ordenó la ejecución de este acto de vejación que, no titubeó en ordenar su secuestro y ejecución. La orden tuvo que provenir del mando superior. Fue sedada, para más adelante aplicarle el suplicio. La idea era provocar en ella el sentimiento de encontrarse en un estado total de indefensión. Y les aseguro que el sentimiento si lo experimentó, no solo ella, sino todo ciudadano que muchas veces no esta de acuerdo con lo que sucede en Guatemala. Son muchos los que no se plegan y aceptan pasivamente todo aquellos que es señalado de corrupto, podrido, crimen organizado, narcotráfico, justicia a medias, revanchismo, nepotismo, tráfico de influencias y de muchas cosas más, que de seguro han sido engendrados en la mente de algunas personas, en las propias entrañas del mismísimo infierno. Agradecida debería estar la Licenciada, pues pudo haber pasado a mejor vida. Pero la realidad es que aún esta entre nosotros para contar su calvario. Y que Dios la proteja, ya que es el único que lo puede hacer en países tan violentos como el nuestro.-